Derecho, territorio e instituciones como herramientas para transformar la realidad de las personas.
La discapacidad no es un problema individual. Es el resultado de la interacción entre una persona y un entorno que no está diseñado para incluirla. Este cambio de mirada —del modelo médico al modelo social— es el punto de partida de todo el trabajo.
Desde este eje se acompaña a familias, personas con discapacidad y profesionales en la comprensión y ejercicio de sus derechos: acceso a la educación inclusiva, cobertura de salud, pensiones no contributivas, apoyos y salvaguardias en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
"La Argentina tiene rango constitucional para la CDPD. Eso significa que ninguna ley, decreto o resolución puede contradecirla. Conocer ese paraguas jurídico es el primer paso para defender derechos."
El trabajo en este eje combina asesoramiento legal concreto, elaboración de recursos jurídicos (amparos, recursos administrativos, presentaciones ante organismos), y formación para equipos que trabajan con personas con discapacidad.
Las instituciones no son neutrales. El modo en que se diseñan, gestionan y evalúan las políticas públicas define quién accede a derechos y quién queda afuera. Trabajar sobre las instituciones es trabajar sobre las condiciones de posibilidad de la igualdad.
Este eje se enfoca en el análisis crítico de políticas existentes, el acompañamiento a organismos públicos y organizaciones en el diseño de programas con enfoque de derechos, y la producción de conocimiento técnico que sirva como insumo para la incidencia política.
Se trabaja con municipios, ministerios, legislaturas, ONGs y organismos internacionales que necesitan incorporar perspectiva de discapacidad, interseccionalidad y accesibilidad en sus marcos normativos y operativos.
"Una política pública que no fue diseñada con las personas que va a afectar, difícilmente las incluya. La participación no es un formalismo: es garantía de efectividad."
El conocimiento técnico y jurídico tiene que llegar a las personas que lo necesitan. Por eso el trabajo en territorio es central: escuelas, centros de salud, organizaciones barriales, sindicatos, cooperativas. Espacios donde la información sobre derechos puede transformar situaciones concretas.
La formación no es solo transmisión de contenidos. Es construcción colectiva de herramientas. Cada taller, charla o jornada se diseña en función del grupo destinatario: sus necesidades, sus saberes previos, sus posibilidades de acción.
Se trabaja con enfoque participativo, lenguaje claro y materiales accesibles. La meta no es que la gente "sepa más", sino que pueda hacer más con lo que sabe.
"Llevo el derecho al territorio no como un experto que enseña, sino como alguien que pone en común lo que sabe para que otros puedan actuar."